La detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero de 2026 en una operación militar de Estados Unidos en Caracas, ha reconfigurado el escenario político en la región y generado interrogantes en Ecuador sobre figuras vinculadas al correísmo que se encuentran en Venezuela y son sujetos de procesos judiciales en su país de origen.
Tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez como presidenta encargada, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa en medio de la crisis institucional generada por los hechos.
Este reacomodo institucional y la posibilidad de presiones internacionales han reactivado el debate sobre el futuro legal de exfuncionarios y exlegisladores procesados en Ecuador por causas penales, que, según reportes periodísticos, habrían encontrado en Venezuela un lugar de residencia mientras se tramitaban sus casos. Entre los nombres más mencionados en la conversación pública están:
- Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, señalado como prófugo de la justicia ecuatoriana y que habría residido en Venezuela desde 2018.
- María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas, quien abandonó Ecuador en 2023 y se presentó en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas antes de establecerse en esa ciudad.
- Ronny Aleaga, exlegislador de la Revolución Ciudadana, procesado en el caso “Metástasis” y reportado por medios como residente en Venezuela; en 2025 Interpol eliminó la notificación roja en su contra por decisiones internas.
El cambio de contexto político en Caracas, con la captura de Maduro y la transición de poder bajo Rodríguez, podría derivar en mecanismos de cooperación judicial entre Estados o ajustes de protección para personas procesadas en el exterior, aunque hasta el momento no existen pronunciamientos oficiales concretos desde Quito ni desde Caracas sobre acciones específicas en estos casos.
En Ecuador, el tema ha vuelto al foco mediático y político por dos motivos principales: la expectativa por la reorganización del poder en Venezuela y el debate sobre la cooperación internacional frente a casos de prófugos de la justicia ecuatoriana que han buscado asilo o refugio en el país vecino. Analistas señalan que la situación podría intensificar las conversaciones diplomáticas y judiciales entre Quito y Caracas, especialmente si el nuevo gobierno venezolano busca normalizar relaciones exteriores y reactivar tratados de extradición.
Mientras tanto, no hay confirmación pública de que las autoridades ecuatorianas hayan iniciado gestiones formales para solicitar información sobre estos procesados ni para evaluar acciones conjuntas con la administración venezolana, en medio de un clima de alta incertidumbre política e institucional en ambos países.
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