La Gobernación de Azuay y la Policía Nacional rechazaron versiones que circulan en redes sociales y grupos ciudadanos sobre la supuesta custodia policial de un proyecto minero privado en el sector de Quimsacocha, en la provincia del Azuay. Las declaraciones oficiales fueron emitidas el 5 de enero de 2026 por la autoridad provincial y el jefe encargado de la subzona policial.
Según las denuncias difundidas, efectivos de la Policía Nacional habrían estado presentes en terrenos cercanos a Quimsacocha con el objetivo de resguardar a una empresa minera, presuntamente vinculada al proyecto conocido como Loma Larga. Varios ciudadanos publicaron videos en plataformas digitales en los que se observa a uniformados en la zona, generando cuestionamientos sobre un posible acompañamiento a actividades extractivas.
El Gobernador de la provincia, Xavier Bermúdez, negó que la presencia policial tuviera como finalidad custodiar a una empresa minera privada. Explicó que los agentes acudieron en respuesta a una alerta recibida por el sistema de emergencias ECU 9-1-1 a causa de un escándalo público en el sector, y descartó cualquier vínculo de la institución con servicios de seguridad para intereses corporativos.
William Egas, jefe encargado de la Subzona de Policía de Azuay, coincidió con la posición del Gobernador e insistió en que la actuación de los uniformados se limitó a atender la eventualidad reportada, sin detenciones ni intervención directa en actividades mineras.
Este pronunciamiento se da en un contexto de alta sensibilidad ciudadana alrededor de la minería en zonas de páramo como Quimsacocha, luego de que diversos sectores sociales expresaran su rechazo a proyectos extractivos por el posible impacto sobre fuentes de agua y ecosistemas frágiles. En meses recientes, distintas organizaciones comunitarias y activistas han denunciado riesgos de reactivación minera en el área, lo que ha generado atención pública y debates en plataformas digitales.
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