La vida dentro de varias cárceles de Ecuador está marcada por un sistema económico informal controlado por estructuras criminales, en el que prácticamente todos los bienes y servicios tienen un precio impuesto por pandillas que ejercen autoridad dentro de los recintos, según el informe “Captura carcelaria. La gobernanza criminal en el sistema penitenciario del Ecuador”, presentado por el investigador Renato Rivera Rohn con el respaldo de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
El documento pone en evidencia que, desde el momento en que un privado de libertad ingresa a un centro penitenciario, debe pagar por servicios que en principio deberían ser gratuitos o estar garantizados por el Estado. Por ejemplo, el traslado a un pabellón con menor violencia puede costar alrededor de 1 500 dólares, introducir un colchón se sitúa en torno a 200 dólares, y acceder a la unidad de salud puede implicar un pago de 10 dólares. El precio de medicamentos también varía según el mercado informal que se ha establecido dentro de las cárceles.
El informe concluye que la violencia y el negocio económico dentro de las prisiones no solo están vinculados a la disputa por territorios entre bandas sino que forman parte de una estructura de gobernanza criminal, en la que las pandillas regulan las transacciones, el orden social y el acceso a bienes básicos entre los internos.
Este fenómeno se inserta en un contexto más amplio de crisis carcelaria en Ecuador, caracterizada por hacinamiento, violencia generalizada, escasa inversión estatal y dificultad para implementar mejoras estructurales en los centros de privación de libertad.
Deja una respuesta