La Asamblea Nacional aprobó este jueves 26 de febrero de 2026 en segundo debate el proyecto de Ley para el fortalecimiento minero y energético, enviado con carácter urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa. El Pleno analizó el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico.
El proyecto de ley se aprobó con 77 votos y pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto en un plazo de 30 días.
La aprobación se dio con dificultad, pues el Pleno tuvo que dividir la moción, ya que algunos legisladores condicionaron su voto a la eliminación del artículo 29 del proyecto.
Proyecto de ley sobre minería y energía enviado por Daniel Noboa
El Ejecutivo sostiene que la propuesta armoniza el Código Ambiental con la Ley de Minería. Según la viceministra de Minas, María Emilia Limongi, el texto no modifica el Código Ambiental ni elimina las figuras de Registro Ambiental y Licencia Ambiental como autorizaciones administrativas.
De acuerdo con lo expuesto en la Comisión, el proyecto plantea fortalecer la seguridad jurídica, combatir la minería ilegal e impulsar los sectores minero y energético.
La iniciativa ingresó a la Asamblea la noche del 23 de febrero de 2026. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate con ocho votos a favor de ADN y sus aliados y dos en contra de la Revolución Ciudadana.
Posturas sobre la ley de minería y energía en la Asamblea
Durante el tratamiento en Comisión, la asambleísta Mabel Méndez, de la Revolución Ciudadana, señaló que el proyecto reduce pasos en procesos ambientales y puede afectar a comunidades y fuentes de agua.
El legislador Diego Salas manifestó que la propuesta convierte determinados procedimientos en trámites administrativos. El asambleísta Comps Córdova indicó que el texto reduce procesos de seis a tres pasos.
Sergio Peña expresó que la iniciativa plantea consolidar la minería y la energía como pilares del desarrollo nacional e incrementar regalías para servicios en la Amazonía.
En el bloque ADN, Adrián Castro pidió incluir una disposición sobre el respeto a consultas populares, en referencia a Quimsacocha. Diego Franco solicitó ajustes en temas relacionados con contratos, minería artesanal y permisos. También se plantearon inclusiones sobre Galápagos.
Unidad Popular pide archivar la ley urgente de minería y energía
La organización política Unidad Popular difundió un comunicado en el que solicita el archivo del proyecto.
En su pronunciamiento, señala que la propuesta afecta el derecho a la consulta de las comunidades y modifica procedimientos ambientales. También pide a la Asamblea no aprobar la reforma.
Asamblea debate consulta previa y distribución de regalías en la ley minera
En el Pleno, el debate avanzó con posiciones diferenciadas entre las bancadas.
Alejandro Lara, de ADN, abrió las intervenciones y defendió la iniciativa. Señaló que el proyecto busca que los recursos energéticos y mineros se conviertan en empleo, productividad, energía, seguridad y desarrollo territorial, con criterios de sostenibilidad y transparencia.
Luego intervino Fernando Nantipia, de Pachakutik. Indicó que su bancada condiciona el respaldo a que el texto garantice de forma expresa la consulta previa a los pueblos. Afirmó que el informe no precisa ese mecanismo y solicitó que se mantenga el 30 % de las regalías para los gobiernos autónomos descentralizados.
La discusión se centró después en la consulta previa y en el contenido del artículo 29. José Luis Nango, de la Izquierda Democrática (ID), pidió eliminar ese artículo para resguardar los derechos de la Amazonía y señaló que su apoyo depende de ese cambio.
En la misma línea, Sergio Peña, también de la ID, sostuvo que el proyecto establece reglas para la actividad minera. Indicó que la minería ilegal no solicita permisos ni obtiene licencias ambientales, por lo que consideró necesario contar con un marco normativo que permita ejercer control.
Desde la Revolución Ciudadana, Comps Córdova afirmó que el proyecto no responde a las necesidades de la población y sostuvo que la propuesta beneficia a grandes empresas del sector minero.
Así, el debate se desarrolló con énfasis en la consulta previa, la distribución de regalías, el alcance del artículo 29 y el papel de la regulación frente a la minería ilegal. La sesión continúa con nuevas intervenciones antes de la votación.
Constitucionalista explica el debate de la consulta previa en la ley minera
El constitucionalista Edison Guarango explicó que el análisis parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y de lo que establece la Constitución.
Recordó que el artículo 57, numeral 7, reconoce el derecho de pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas a una consulta previa, libre e informada sobre cualquier proyecto que pueda afectar su territorio.
Además, el numeral 17 dispone que deben ser consultados sobre medidas legislativas que puedan afectar sus derechos colectivos.
Guarango citó también el artículo 398 de la Constitución, que establece que toda autorización estatal que pueda afectar al ambiente debe ser consultada con la comunidad involucrada, con información suficiente para que pueda tomar una decisión.
Según señaló, una de las principales observaciones al proyecto de ley radica en que no exige consulta previa para la obtención del registro ambiental. Indicó que la exigencia aparece en etapas posteriores, como la fase de exploración, lo que genera cuestionamientos sobre el alcance del derecho a la consulta.
Añadió que sectores ambientales han expresado preocupaciones por la falta de una obligación expresa en etapas iniciales y por la participación limitada en la elaboración del proyecto.
El constitucionalista indicó que, de considerarse vulnerados derechos colectivos, cualquier ciudadano que se sienta afectado puede presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Noticia en desarrollo…
Fuente: El Comercio
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