La Asamblea Nacional de Ecuador dio inicio el 20 de enero de 2026 al debate de un proyecto de ley que propone sancionar el uso delictivo de uniformes, insignias, credenciales y distintivos oficiales por parte de personas naturales o jurídicas, con el propósito de prevenir la suplantación de funciones públicas y el empleo indebido de recursos simbólicos del Estado en actividades delictivas o engañosas.
La iniciativa normativa plantea tipificar como conductas sancionables la utilización no autorizada de elementos que representen a instituciones del Estado, cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas u otros organismos públicos, en contextos que puedan generar confusión, intimidación o ventaja indebida en favor de quienes usen dichos uniformes o distintivos sin la debida legitimación.
Entre los argumentos expuestos por asambleístas durante la sesión, se destaca la preocupación por el aumento de casos en los que organizaciones delictivas u otros grupos irregulares emplean vestimentas, credenciales o emblemas oficiales para cometer extorsiones, secuestros, fraudes o actos de violencia, lo que desdibuja la autoridad de las instituciones públicas y representa un riesgo para la seguridad ciudadana.
El proyecto contempla definiciones claras de los elementos considerados oficiales, así como sanciones proporcionales que podrían ir desde multas administrativas hasta penas privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del uso indebido y el contexto en el que se empleen. La propuesta busca además establecer mecanismos de control y registro para la emisión y uso de uniformes e insignias oficiales, a fin de fortalecer la transparencia y la legalidad en el ejercicio de funciones públicas.
La discusión de esta iniciativa se inscribe en un contexto más amplio de esfuerzos legislativos orientados a fortalecer la seguridad jurídica y ciudadana, en un escenario donde la proliferación de delitos asociados al uso fraudulento de símbolos estatales ha generado alarma y demanda de respuesta normativa.
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