La Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía Nacional del Ecuador, desarrolló un operativo investigativo en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) como parte de un proceso por presunta delincuencia organizada vinculado a emisiones irregulares de licencias y asignación de frecuencias asociadas a la entrega de permisos sin los procedimientos formales, informaron fuentes oficiales.
La investigación, que se extendió por aproximadamente tres meses, culminó con 19 allanamientos en oficinas de la ANT a escala nacional y la detención de al menos nueve personas, entre ellas el director nacional de la ANT y otros funcionarios de distintas dependencias y niveles jerárquicos.
El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que en el caso se presume la participación de miembros del grupo delictivo organizado Los Choneros, con una estructura que habría canalizado recursos hacia cuentas vinculadas a los implicados. Según las autoridades, se estima que unos 3 millones de dólares se movieron en el esquema investigado.
Durante los operativos, se decomisaron 38 teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles, 55 dispositivos electrónicos, 165 indicios documentales y 53 510 dólares en efectivo, así como un arma de fuego, dos alimentadoras y 29 cartuchos, elementos que forman parte de los indicios que apoyan la investigación en curso.
Reimberg señaló que uno de los mecanismos irregulares aparentemente empleados consistía en la emisión de licencias de conducción a domicilio, donde las fotografías y datos de los solicitantes se enviaban sin cumplir los procedimientos oficiales, cobrando entre 150 y 200 dólares por trámite.
Como medida preventiva, el Gobierno dispuso el cierre temporal de la ANT por 30 días para permitir una intervención institucional más profunda y revisar los procesos internos, a fin de garantizar la depuración de prácticas irregulares y fortalecer los mecanismos de control.
El ministro indicó que todas las agencias de la ANT a nivel nacional están siendo intervenidas, y que los resultados del trabajo se coordinarán con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para restablecer los servicios de manera regular al finalizar el periodo de cierre.
La investigación sigue abierta, y las autoridades no descartaron nuevas aprehensiones en las próximas etapas conforme avance la recolección de evidencias y el análisis de indicios documentales.
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