La minería ilegal en Ecuador ha generado 1 654 denuncias ante la Fiscalía entre 2021 y 2025, pero solo en 34 de esos casos hubo una sentencia condenatoria, mientras que 1 151 denuncias permanecen en investigación previa y 275 fueron archivadas, lo que pone de manifiesto la impunidad que persiste en este delito, según cifras oficiales.
Del total de casos presentados a la Fiscalía, en 32 procesos se ratificó la inocencia de los acusados y en 69 casos se dictó sobreseimiento, lo que significa que los procesos concluyeron por falta de pruebas suficientes, de acuerdo con el detalle oficial de la entidad judicial.
El Código Integral Penal tipifica la minería ilegal como delito y contempla penas de cárcel de 16 a 20 años para quienes realicen actividades mineras sin autorización de las autoridades competentes. Las sanciones pueden aumentar hasta 30 años de prisión y multas significativas si el delito genera daño ambiental o es cometido como parte de la delincuencia organizada.
Solo en 2025 la Fiscalía recibió 393 denuncias relacionadas con la minería ilegal o con el financiamiento y suministro de maquinaria para estas actividades, lo que representa un incremento en comparación con años anteriores.
Tres provincias concentran la mayoría de denuncias por minería ilegal: Zamora Chinchipe, Loja y Napo, evidenciando que estas zonas del país presentan focos críticos del delito. En particular, en Zamora Chinchipe se identifican múltiples “puntos rojos” de minería ilegal, incluso en áreas con actividad minera formal, lo que complica el control estatal de estas prácticas.
En varias zonas de estas provincias, organizaciones civiles han denunciado que la minería ilegal incluso está asociada a grupos armados y al crimen organizado, lo que agrava el problema y dificulta la acción de las autoridades para controlar y sancionar estos hechos ilícitos.
La situación ha generado preocupación entre comunidades y ambientalistas, ya que la minería ilegal no solo afecta el cumplimiento de la ley, sino que también impacta negativamente en los ecosistemas, la contaminación de ríos y la calidad de vida de las poblaciones locales, especialmente en áreas amazónicas como Napo, donde se han reportado amplias zonas deforestadas por esta actividad.
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