El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió este 29 de diciembre de 2025 un decreto ejecutivo que declara los perímetros circundantes de los centros de privación de libertad (cárceles) como áreas reservadas de seguridad, bajo control y vigilancia de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
La medida forma parte de las decisiones adoptadas después de una sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), con base en informes técnicos de los ministerios del Interior y de Defensa, así como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El objetivo oficial es reforzar la seguridad en los alrededores de los centros penitenciarios, en un contexto marcado por altos niveles de violencia asociados al crimen organizado.
El Decreto Ejecutivo 268 establece la conformación de estas zonas de seguridad en el espacio aéreo, terrestre y marítimo, y las califica como secretas, por lo que su operatividad y alcance no han sido divulgados públicamente en detalle por el Ejecutivo.
La iniciativa se da en el marco de una política más amplia de seguridad implementada por el Gobierno ecuatoriano contra las organizaciones criminales. Desde enero de 2024, el presidente Noboa llegó incluso a declarar la existencia de un conflicto armado interno ante el incremento de violencia vinculada al narcotráfico y los grupos del crimen organizado, movilizando a las Fuerzas Armadas en apoyos operativos en distintos territorios.
Anteriormente, decretos similares habían permitido la intervención de las Fuerzas Armadas en controles de armas y artefactos en los ingresos de cárceles, y en el marco de estados de excepción para contener la violencia penitenciaria.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación en el pasado por la participación militar en la seguridad interna, señalando que el uso de fuerzas armadas en contextos de orden público está sujeto a reglas estrictas de proporcionalidad y subordinación a autoridades civiles, además de posibles implicaciones de derechos humanos.
Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el despliegue operativo específico, el alcance de las funciones asignadas a las Fuerzas Armadas en estas zonas, ni cómo se articulará con la Policía Nacional en la gestión de la seguridad en torno a los centros penales.
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