El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el pasado 16 de enero de 2026 el Decreto Ejecutivo 288, en el marco de las estrategias gubernamentales para enfrentar la creciente violencia y fortalecer la seguridad interna en varias regiones del país. El documento dispone que los ministerios del Interior y de Defensa Nacional adopten las acciones necesarias para analizar si procede declarar una situación de emergencia con el objetivo de agilizar la adquisición de bienes y servicios vinculados a la defensa, protección interna y mantenimiento del orden público.
La medida no constituye una declaratoria de emergencia automática a nivel nacional, sino que faculta a ambas carteras de Estado, de forma independiente y dentro de sus competencias, a evaluar si se cumple con los requisitos legales para justificar una emergencia institucional y, de ser el caso, emitir las correspondientes resoluciones motivadas. Esa declaración, de concretarse, permitiría realizar contrataciones excepcionales y expedidas para dotar de recursos logísticos y operativos a las fuerzas de seguridad.
El decreto indica que los ministerios deberán coordinar su trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para garantizar que cualquier contratación realizada bajo la figura de emergencia responda a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento.
La iniciativa se produce en un contexto de intensificación de las acciones del Ejecutivo contra la inseguridad, que incluyen el despliegue de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en provincias de alta conflictividad como parte de la denominada Ofensiva Total y la coordinación del Bloque de Seguridad para contener la violencia del crimen organizado.
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