El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con carácter urgente que plantea reformas a la normativa minera vigente, entre ellas la sustitución del requisito de licencia ambiental para proyectos mineros por una autorización ambiental que deberá ser concedida por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, según la justificación oficial del Ejecutivo.
La iniciativa, denominada Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, modifica el artículo 26 de la Ley de Minería, vigente desde 2009, y busca agilizar los procedimientos administrativos previos a la ejecución de actividades mineras, argumentando que los trámites actuales generan demoras, costos elevados y obstáculos para la inversión en el sector.
Según el texto del proyecto, la autorización ambiental propuesta no implicaría la reducción de los estándares de protección ambiental, sino una adecuación técnica del control administrativo al nivel de riesgo real de cada proyecto, con el objetivo de eliminar “cuellos de botella regulatorios” que retrasan la generación de ingresos fiscales y la ejecución de inversiones.
El cambio normativo también incluye la adopción de plazos perentorios para la aprobación de la autorización ambiental, con el supuesto de que si la autoridad ambiental no resuelve dentro de ese periodo, podría aplicarse el principio de silencio administrativo positivo, de acuerdo con otra interpretación de la propuesta legislativa difundida por medios nacionales.
La reforma generó reacciones diversas en sectores vinculados a la minería, el ambiente y la sociedad civil, en un contexto en el que proyectos extractivos, como Loma Larga en Azuay, han sido objeto de debate por su impacto ambiental y social, incluido el proceso de consulta previa y los mecanismos de autorización ambiental existentes.
El proyecto de ley ingresó con carácter de urgente, por lo que su discusión y trámite en la Asamblea Nacional podría acelerarse en las comisiones correspondientes y en el pleno, cuando se concrete el cronograma legislativo.


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