La Amazonía recibirá cerca de USD 40 millones por nueva distribución de regalías mineras

Una reforma al Reglamento General de la Ley de Minería redefine la distribución de regalías y utilidades del sector extractivo. El 60 % de esos recursos irá a los Gobiernos Autónomos Descentralizados amazónicos para inversión social y desarrollo territorial.

La minería dejará más dinero en territorio amazónico. El 31 de diciembre de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 273, entró en vigencia una reforma clave al Reglamento General de la Ley de Minería que cambia el destino de las regalías y utilidades del sector. La nueva normativa permitirá que cerca de USD 40 millones se canalicen hacia la Amazonía ecuatoriana para proyectos sociales y productivos, a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Un cambio en la ruta del dinero minero

La reforma establece que el 60 % de las regalías mineras y el 60 % de las utilidades se transfieran directamente a los GAD de las zonas de influencia minera en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Los recursos deberán destinarse a inversión social, atención de necesidades básicas insatisfechas y desarrollo territorial o productivo.

Hasta ahora, la distribución de estos fondos carecía de un mecanismo específico que garantizara su retorno directo a los territorios donde se desarrolla la actividad extractiva.

Fondo Común Amazónico: el nuevo eje

Los recursos provenientes de regalías y utilidades alimentarán el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, un instrumento que busca asegurar una asignación específica y sostenida de recursos para la región.

Según el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (COMAGA), este cambio normativo permitirá transformar ingresos de la actividad minera en obras, servicios e inversión social con impacto directo en las comunidades.

Dos años de gestión técnica y política

El COMAGA atribuye este resultado a casi dos años de trabajo sostenido, con reuniones técnicas y articulación política con instituciones y secretarías de Estado. La reforma responde a un reclamo histórico de los gobiernos locales amazónicos: que la riqueza generada en sus territorios tenga un retorno tangible.

Fuente: El Telégrafo


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